Claves para entender cómo afecta esta norma al sector empresarial y a la administración pública en su lucha contra el cambio climático.
Introducción
El Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, representa un cambio profundo en la regulación de la huella de carbono en España. Desde su entrada en vigor el 12 de junio de 2025, esta normativa sustituye al anterior Real Decreto 163/2014 y transforma un sistema voluntario en un marco obligatorio y riguroso para numerosas entidades. A continuación, analizamos sus puntos clave, su impacto en 2026 y lo que las organizaciones deben hacer para adaptarse.
De voluntariedad a obligatoriedad
Uno de los cambios más destacados del RD 214/2025 es el paso de un modelo de adhesión voluntaria a un sistema obligatorio para ciertos sujetos:
- Empresas grandes y entidades que formulen cuentas consolidadas.
- Departamentos de la Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social.
Esta obligatoriedad implica que dichas entidades deben:
- Calcular anualmente su huella de carbono.
- Elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este enfoque alinea a España con las exigencias europeas y globales en la lucha contra el cambio climático, especialmente en el contexto de la transición ecológica y los compromisos del Pacto Verde Europeo.
Inclusión progresiva de las emisiones de alcance 3
Otro aspecto clave de este Real Decreto es la introducción progresiva de las emisiones de alcance 3:
- Esta obligación afecta a todas las empresas no consideradas PYMES.
- Para las PYMES, la inclusión de alcance 3 sigue siendo voluntaria por ahora.
Las emisiones de alcance 3 son aquellas indirectas que ocurren en la cadena de valor de una organización (por ejemplo, transporte de productos, uso de los bienes vendidos o suministros externos). Su medición es más compleja, pero fundamental para entender el impacto total de una actividad económica.
Ampliación del registro y proyectos de absorción
El Registro de Huella de Carbono no solo amplía las obligaciones de cálculo y publicación, sino también la tipología de información y proyectos que se pueden inscribir:
- Antes, el foco principal era la huella de carbono de organizaciones y proyectos de absorción basados principalmente en biomasa viva.
- Con el nuevo decreto se incorpora: huella de carbono de eventos
Esta ampliación responde a la creciente comprensión de los distintos sumideros naturales de carbono y su valoración en estrategias climáticas.
Coordinación con registros autonómicos
El decreto fomenta la interoperabilidad con registros autonómicos, lo cual:
- Permite el intercambio de información entre el registro central y los autonómicos.
- Evita duplicidades en la presentación de datos.
- Facilita la armonización territorial del cálculo y registro de la huella de carbono.
Esto es especialmente relevante para empresas con operaciones en varias comunidades autónomas y para administraciones públicas que gestionan políticas medioambientales a distintos niveles.
Verificación y estándares reconocidos
La inscripción en el Registro de Huella de Carbono ahora requiere una verificación más amplia y rigurosa. El Real Decreto:
- Reconoce informes de verificación como ISAE 3410.
- Acepta otros sistemas de auditoría ambiental, siempre que se complemente con la información específica exigida por la normativa.
Este enfoque facilita la integración de estándares ya utilizados por muchas empresas, reduciendo cargas administrativas.
Mayor transparencia y seguimiento
Una característica destacada del nuevo marco es la obligación de publicar determinados datos en el Registro, concretamente:
- Nombre de los titulares inscritos.
- Información detallada de la huella de carbono.
- Objetivos de reducción de emisiones.
- Valoración de los beneficios ambientales de los proyectos de absorción.
Esto no solo garantiza un mayor nivel de transparencia ante la sociedad y los grupos de interés, sino que también permite comparativas entre entidades y fomenta buenas prácticas.
Impacto en 2026: ¿Qué deben hacer las organizaciones?
A estas alturas de enero de 2026, muchas entidades ya están adaptándose al nuevo marco. Las claves para cumplir con el Real Decreto 214/2025 incluyen:
- Diagnóstico de emisiones: calcular de forma exhaustiva la huella de carbono de acuerdo con los criterios obligatorios.
- Plan de reducción de emisiones: debe ser realista, medible y publicado en los canales oficiales.
- Verificación externa: contar con informes que cumplan los estándares reconocidos.
- Cooperación con registros autonómicos: para garantizar una única fuente de verdad y evitar duplicado en los canales oficiales.
- Comunicación pública: ser transparente con los resultados y los objetivos de mejora.
Conclusión
El Real Decreto 214/2025 es una norma que pone a España en la senda de una gestión ambiental más rigurosa, transparente y alineada con los compromisos climáticos internacionales. Su entrada en vigor en junio de 2025 y su aplicación generalizada en 2026 suponen un antes y un después para las empresas grandes, administraciones públicas y otras entidades obligadas.
Adaptarse a este nuevo marco no es solo un requisito legal: es una oportunidad para mejorar la eficiencia energética, reducir costes, fortalecer reputación y contribuir activamente a la mitigación del cambio climático.
